Loreto Pelegrí, socia de PwC: "Una discusión tributaria debe ser integral y no en silos, como hasta ahora”

Loreto Pelegrí ha seguido muy de cerca los distintos debates tributarios que se están desarrollando en el país.

La abogada y MBA, por ejemplo, fue activa participante de los diálogos sociales convocados en abril por el Ministerio de Hacienda tras el rechazo de la idea de legislar del proyecto, así como de la discusión del nuevo royalty a la minería.

La socia de Tax & Legal de PwC Chile es una de las voces técnicas más escuchadas a nivel empresarial. Muestra de aquello es su participación activa en el comité tributario de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y su asunción hoy miércoles como nueva consejera de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), como parte de la renovación de 30 cupos para el período 2023-2027.

- ¿Cuál espera que sea su principal aporte en el consejo de la Sofofa?

Enfrentamos un escenario de mucha incertidumbre económica y normativa, y el proyecto de reforma tributaria recientemente rechazado es uno de cinco proyectos tributarios que el Gobierno espera aprobar, y que fueron anunciados en el programa presidencial.

En este sentido, mi aporte como consejera será promover un sistema tributario que fomente el crecimiento económico, la inversión y el ahorro, que sea competitivo y que combata la informalidad, de tal manera que, en caso que se reactive nuevamente el proyecto rechazado, se logre un pacto fiscal que permita que Chile recupere su ruta hacia el desarrollo.

Además, como consejera de la Fundación Chile Mujeres, quiero seguir impulsando la participación laboral femenina. En este punto, por ejemplo, como fundación tenemos la preocupación que el Gobierno no haya presentado aún el proyecto de ley de sala cuna anunciado el Día de la Mujer, cuando estamos viendo que las mujeres con niñas y niños menores de tres años son quienes más ayuda necesitan para acceder a empleos formales. Esperamos que sea anuncio del Presidente en la cuenta pública.

- ¿Cómo ve el rol del empresariado en la discusión de las reformas en el país?

En Chile estamos viviendo un momento muy determinante a nivel político e institucional, lo que representa un punto de inflexión para poder avanzar o quedarnos estancados e incluso retroceder en nuestro nivel de desarrollo. En este escenario todos debemos unirnos y trabajar juntos para tener un mejor país. Las empresas deben participar activamente en todas las instancias de diálogo de políticas públicas, impulsando especialmente aquellas que sean proinversión y crecimiento.

Asimismo, las empresas deben reivindicar su rol en el sentido de generar bienestar para la sociedad, impulsando la sostenibilidad y sustentabilidad incluyendo a las regiones, potenciando la descentralización y en general el bien común. La única forma que avancemos es todos juntos y con acuerdos que sean lo más transversales posibles.

- Ya se aprobó el royalty a la minería, tras intensas negociaciones entre el gobierno y senadores. ¿Lo aprobado afecta la competitividad de la minería chilena? ¿Podría haber sido más nocivo de mantenerse la propuesta original?

Estamos 2% o 3% arriba por sobre nuestros principales competidores, como son Perú, Australia y Canadá, pero claramente el proyecto fue mejorado sustancialmente durante su tramitación producto de las discusiones que hubo con expertos y con la industria minera. El primer proyecto que presentó el Gobierno, a través de una  indicación sustitutiva en julio del año pasado, era totalmente distinto: tenía un componente ad -valorem vinculado al precio con una escala y un componente variable, en base al precio del cobre también, y se aplicaba sobre el EBITDA. O sea, no se aceptaba el gasto por depreciación ni los gastos de organización y puesta en marcha para el cálculo de la renta imponible operacional minera. 

El proyecto aprobado, en cambio, contempla una tasa del 1% ad valorem independiente del precio del cobre; un componente variable, que se determinará en base a rangos del margen operacional minero en lugar de al precio del cobre; una reducción o eliminación del componente ad valorem para empresas que pudieran enfrentar pérdidas operacionales; se considera la depreciación normal y una cuota de los gastos de organización y puesta en marcha para el cálculo del margen operacional minero. Además, se contemplan una tasas de carga tributaria potencial máxima de 45,5% y 46,5%, dependiendo del volumen de producción.

- ¿Cómo anticipa la nueva discusión tributaria que se viene en junio?

Una discusión de reformas tributarias debe ser integral y no en silos, como ha sido hasta ahora.

No podemos seguir con distintas reformas discutidas en forma separada, como la tributaria, royalty, 40 horas, salario mínimo, impuestos correctivos, rentas regionales, y reforma previsional. Al final, lo importante es la carga total que pagan las empresas, lo que redunda en una mayor presión fiscal. 

No debemos olvidar que por el principio de incidencia tributaria, son las personas las que finalmente pagan la mayor carga de impuestos a través del precio de los productos y servicios que consumen.  Por eso debemos considerar que los aumentos de impuestos en su conjunto (impuesto a la renta, impuesto al trabajo, reforma previsional, impuestos correctivos, impuestos ambientales) todos finalmente tendrán una incidencia en las personas.

Es claro que la situación económica actual no es de las mejores: crecimiento cercano a cero, inflación y tasas de interés aún altas, desempleo que no cede, sector comercio que anota nueva caída en sus ventas, y ahora el Banco Central que anuncia que activó el requerimiento de capital a la banca por incertidumbre financiera mundial. Por tanto, cualquier reforma debe tener en consideración cómo reactivar el crecimiento económico. No debemos olvidar que el crecimiento económico es el responsable del 80% de la recaudación fiscal de los últimos 30 años, y explica en un 90% la reducción de la pobreza, según datos del propio Ministerio de Desarrollo Social. Pensar en cómo reactivamos la economía, por tanto, es clave.

En este sentido, las medidas pro inversión y crecimiento deben ser efectivas y consistentes, en el ámbito de la Pymes más que incentivos I+D debemos pensar en cómo recuperamos el empleo, cómo entregamos incentivos tributarios más potentes a la capacitación. Si queremos entregar incentivos a la inversión como depreciación instantánea, no podemos por otro lado limitar el uso de las pérdidas. Es decir, debemos mirar las medidas en su conjunto, teniendo como prioridad favorecer la inversión y fomentar la actividad, pensar por ejemplo en dar estabilidad a la inversión extranjera con invariabilidad tributaria. En el proyecto aprobado de royalty, por ejemplo, no hay nada en este sentido y era muy importante que hubiese sido incorporado algún tipo de estabilidad tributaria, considerando que las inversiones son a muy largo plazo.

- ¿A qué temas de la reforma original cree que el gobierno debiera renunciar?

- Con el escenario que tenemos hoy, lo principal que debemos hacer es cuidar el ahorro, el crecimiento y la inversión. Por lo que además de tener una mirada integral de todas las reformas, dentro de las medidas tributarias el Gobierno debería dejar fuera el impuesto al patrimonio y a las utilidades retenidas, ya que afectan al corazón del ahorro y de la inversión y, por ende, la generación del empleo. La misma OCDE señala que si los países contemplan impuesto a la herencia no deberían tener impuesto al patrimonio.

- ¿Qué cambios debiera incorporar el gobierno?

- La tasa de desarrollo que contemplaba el proyecto original es algo que sería utilizado por muy pocas empresas, por lo que no pondría esfuerzo en eso pero sí en los créditos I+D, especialmente para que puedan tener acceso el mayor número de empresas incluyendo las Pymes. 

Asimismo, no modificaría la legislación y tratamiento tributario actual de los fondos de inversión públicos, los que han demostrado ser una fuente importante de inversión extranjera en diferentes actividades. Esto, además reconociendo que muchos países le dan un tratamiento tributario preferente, ya que generalmente representan fondos soberanos, vehículos de inversión colectiva como fondos de pensiones extranjeros y asset management, en la medida que cumplan la característica de inversionista institucional.  

También creo que deberían mejorarse las normas de reorganización empresarial e internacional sin confundirlas con las normas de precios de transferencia, como estaba en el proyecto original.

Finalmente creo que hay que revisar las facultades que se le dan al SII, ya que las contenidas en el proyecto original parecen excesivas, por ejemplo en materia de prescripción; y la calificación de la Norma Antielusiva debería quedar en sede judicial como está hoy, ya que la norma está siendo aplicada tal cual está y hoy existen varios requerimientos ante tribunales con la actual administración.

- ¿Cree que el país debe aumentar su carga tributaria?

- Bueno, con la aprobación del royalty ya se está aumentando la carga tributaria en 0,45% del PIB, y antes de seguir aumentando la carga tributaria se deben clarificar y hacer transparentes las necesidades de gasto, junto con considerar una mirada integral de todas las reformas.

Cuando participé en los diálogos tributarios, y conversando con todos los actores que fueron invitados, un punto relevante a considerar es que no sólo podemos mirar la recaudación de impuestos para un verdadero pacto fiscal, sino que también es obligatorio mirar el gasto público su eficiencia, su calidad y su justificación. En este  sentido fue importante en los diálogos preguntarse para qué recaudamos, cuáles son las prioridades.

- Usted va de candidata como consejera al Colegio de Abogados. ¿Qué rol ha tenido y tendrá el colegio en la discusión tributaria?

- El Colegio de Abogados participó en los diálogos tributarios que llamó el Gobierno y por supuesto que lo va a seguir haciendo. Por eso, en caso de ser electa espero integrar la comisión tributaria y aportar mi visión de que cualquier pacto fiscal requiere dar certeza y estabilidad por varios años para el desarrollo del país, así como también debe otorgar la necesaria confianza que deben tener los contribuyentes que sus derechos serán respetados.